Investigan posibles prácticas monopólicas en el mercado de vales de despensa

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación formal ante la sospecha de posibles prácticas monopólicas en el mercado nacional de aceptación de vales de despensa y, medios de pago electrónico en establecimientos de comercio minorista y sus servicios relacionados.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo regulador señaló que la indagatoria comenzó el pasado 11 de junio a partir de una denuncia y se encuentra registrada con el número de expediente DE-014-2026.

Con esta investigación se pretende determinar si existen conductas que dificulten indebidamente la competencia entre los proveedores de vales y medios de pago electrónicos. La autoridad investigadora se encargará de identificar si existe abuso de poder de mercado, como pueden ser contratos de exclusividad ilegales, discriminación de precios o barreras para desplazar indebidamente a competidores.

La CNA destacó posteriormente en un comunicado que los vales de despensa son una prestación que las personas utilizan para comprar alimentos y otros productos de uso cotidiano, generalmente mediante tarjetas o monederos electrónicos. Por ello, las condiciones que ponen los comercios para aceptarlos pueden afectar las opciones de las familias para usarlos en sus compras.

La autoridad aclaró que este procedimiento es de carácter administrativo y no representa un prejuicio sobre la responsabilidad de ninguna empresa o agente económico, ya que todavía no se han definido formalmente las conductas infractoras, los presuntos responsables ni el mercado relevante. La CNA no señaló a alguna empresa que pudiera estar involucrada.

El periodo de investigación no será menor a 30 días hábiles ni mayor a 120, aunque existe la posibilidad de que se extienda hasta en tres ocasiones. La CNA indicó que cualquier persona que lo desee puede colaborar y aportar información útil para esta investigación.

En la mayor parte de las investigaciones, si el regulador comprueba una conducta ilegal, puede imponer sanciones a las empresas infractoras, que pueden ser hasta de 10 por ciento de sus ingresos anuales.